Se impulsa legislación que penalizará de 10 a 20 años
de prisión a los médicos que comentan el delito de esterilización forzada.
La diputada Araceli Guerrero Esquivel (PRI) impulsa
una iniciativa que plantea imponer de 10 a 20 años de prisión y hasta mil días
de multa a médicos que cometan el delito de esterilización forzada de niñas,
adolescentes y mujeres con algún tipo de discapacidad.
La
integrante de la Comisión Derechos de la Niñez detalló, además, que se
cancelará la licencia para ejercer la profesión a quienes la realicen.
En el caso
de que este delito se practique en una clínica, hospital o casa hogar
particular, a los responsables de estos centros se les cancelará el permiso o
licencia para la realización de sus actividades.
La
iniciativa, suscrita también por la priista Edith Anaya Mota, prevé reformar
los artículos 175 Bis de la Ley General de Salud, y el 199 Sextus del Código
Penal Federal, a fin de erradicar esta práctica, ya que viola gravemente el
derecho a la integridad física de las mujeres con discapacidad, y produce
consecuencias adversas en su salud mental durante toda la vida.
Subrayó
que, de acuerdo con la investigación desarrollada por Disability Rights
International (DRI) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (CMDPDH), las personas con discapacidad son víctimas de
práctica de lobotomías (psicocirugía) sin consentimiento; además, algunas son
internadas de por vida en instituciones a puertas cerradas en condiciones
inmundas e inhumanas.
Guerrero Esquivel sostuvo que, de acuerdo con el censo
poblacional del año 2010, existen 5 millones 739 mil 270 personas con algún
tipo de discapacidad, de las cuales el 51.1 por ciento son mujeres.
Por ello,
la legisladora consideró necesario que dentro de la Ley General de Salud se
estipule que la Secretaría federal en la materia diseñe programas de prevención
en todos los hospitales y clínicas del sector salud, con la finalidad de evitar
esterilizaciones forzadas o provocadas a niñas, adolescentes y mujeres con
discapacidad.
“Las
mujeres con discapacidad experimentan múltiples desventajas, siendo objeto de
exclusión debido a su género y discapacidad”, reconoció la diputada.
Indicó que
los esfuerzos impulsados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como
distintas organizaciones de la sociedad civil, no han sido suficientes para
cerrar las brechas de exclusión, desigualdad y maltrato, por lo que se deben
crear instrumentos legales que protejan, prevengan y sancionen cualquier
intento de violación a los derechos de las personas con discapacidad.
Araceli
Guerrero recordó que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad en
el 2014 recomendó al gobierno mexicano iniciar una investigación administrativa
y penal a autoridades e instituciones involucradas en la ejecución de
esterilizaciones forzadas a este sector, así como garantizar el acceso a la
justicia y reparar los daños a las víctimas.
Por: http://yoinfluyo.com/
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